La arbitrariedad en las oposiciones docentes

Por Esteban G. Santana Cabrera   

La arbitrariedad es el acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo estas de cualquier fundamento serio. Esta definición da pié a mi reflexión de esta semana sobre las oposiciones docentes y que en algunos caso representan, a mi modo de ver, uno de los procesos más “injustos” y arbitrarios para acceder a la función pública educativa. 

Muchos y buenos docentes se quedan en el camino por “no entrar por el aro” del sistema o por no ser del “agrado”, del tribunal. Ahora mismo estamos pasando un proceso que, como siempre, no deja contento a la mayoría, ni a opositores ni a evaluadores. Pocas plazas, interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, jóvenes que no pueden acceder al sistema por no tener los méritos necesarios,… Los tribunales en muchos casos se ven obligados a meter tijera e incluso a utilizar criterios, en algunos casos, que no estaban recogidos previamente.

Estos procesos deberían estar basados en la transparencia, la equidad y la justicia, asegurando que todos los aspirantes sean evaluados bajo los mismos criterios y condiciones. Es verdad que desde la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Canarias se está trabajando en ello y ya se han introducido algunas herramientas como las rúbricas que permiten al evaluador saber qué va a evaluar y, sobre todo, al opositor a saber claramente qué le va a pedir el tribunal. 

Sin embargo, cada año aparecen anomalías en algunos tribunales que ponen en entredicho estos principios, destacando posibles prácticas arbitrarias que socavan la confianza en el sistema. Pero yo me hago una pregunta: ¿quién evalúa o supervisa a los tribunales para que no actúen a libre albedrío en algunos casos? La transparencia y la rendición de cuentas no son actos de cortesía, sino obligaciones esenciales de cualquier proceso evaluativo. Contradicciones entre las acciones del tribunal y lo establecido en los documentos oficiales revela una medida arbitraria que no se ajusta ni a la convocatoria ni a los propios criterios de evaluación del tribunal.

Las acciones de los tribunales no pueden ser subjetivas y faltas de coherencia ya que erosionan la confianza en la justicia del proceso selectivo. La arbitrariedad en la evaluación de los aspirantes no solo afecta la transparencia del proceso, sino que también pone en riesgo la equidad, ya que algunos opositores pueden ser injustamente penalizados por seguir indicaciones contradictorias.

Para garantizar un proceso selectivo justo y equitativo, es fundamental que los tribunales actúen de acuerdo con los criterios establecidos y la normativa vigente. Porque muchos de estos opositores se están jugando su futuro. Cualquier medida arbitraria que se desvíe de estos criterios debe ser corregida inmediatamente por la Administración en primera instancia, sin esperar a que se llegue a los recursos de alzada ni a los contenciosos que lo que hacen es cargar nuestra administración de justicia y dilatar una “agonía” del opositor con pocas posibilidades de luchar contra el sistema. La consistencia en la aplicación de las normas es crucial para asegurar que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades y sean evaluados bajo las mismas condiciones.

Un problema adicional y fundamental del sistema actual de oposiciones es que, en muchas ocasiones, docentes que no están suficientemente “cualificados” para evaluar a otros son los encargados de hacerlo. Es preocupante que docentes que se presentan de manera voluntaria, sin pasar por un filtro riguroso, terminen evaluando a otros aspirantes. Esta situación puede dar lugar, aparte de suspicacias, a evaluaciones injustas y subjetivas, ya que estos evaluadores pueden carecer, afortunadamente no es la generalidad,  de la formación y experiencia necesarias para realizar una evaluación objetiva y justa. Y con esto ,vuelvo y repito, no quiero decir que sea así en todos los casos, pero dejan la puerta abierta a la duda.

Casos como estos  subrayan la necesidad imperiosa de regular el sistema de acceso y sobre todo mantener la transparencia y la coherencia en los procesos de oposición docente. Las medidas arbitrarias no solo perjudican a los aspirantes, sino que también debilitan la integridad del sistema educativo en su conjunto. Es esencial que se tomen medidas para corregir estas injusticias y garantizar que todos los aspirantes sean evaluados de manera justa y equitativa, respetando siempre los criterios y normativas establecidas y sobre todo, que los evaluadores estén adecuadamente cualificados para desempeñar esta importante tarea. Un mínimo de cinco años como funcionarios de carrera, no participar en dos procesos de manera simultánea, la elección de presidentes por sorteo, deberían ser a mi modo de ver criterios básicos para conformar un tribunal de oposiciones.

No obstante, el actual sistema no es justo ni para el opositor ni para los tribunales. Emular un sistema de oposición tipo MIR docente creo que sería el sistema más justo para acceder al sistema educativo, en igualdad de condiciones, y donde la parte práctica, el año de prácticas sea de formación y evaluación real, y que verdaderamente sea el paso determinante para obtener la plaza. Porque el maestro no nace, se hace y el camino se hace al andar. Dicho queda. 

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