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| Por Esteban G. Santana Cabrera |
El acoso escolar es una de las formas más dolorosas de sufrimiento dentro del ámbito educativo. Atenta contra la integridad emocional y física del alumnado, genera miedo, aislamiento y, en los casos más graves, deja secuelas duraderas. Por ello, los centros educativos deben contar con herramientas eficaces para detectarlo, abordarlo y erradicarlo.
Una de esas herramientas es el protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar, que permite activar mecanismos de protección y acompañamiento cuando existen indicios razonables. Sin embargo, su efectividad se ve amenazada cuando este recurso se activa de manera apresurada o como respuesta a conflictos que, aunque relevantes, no constituyen acoso como tal.
Cada vez con más frecuencia, algunos protocolos se activan por presión de las familias, sin que haya un análisis profundo de los hechos. Esta sobreactivación del protocolo, lejos de proteger, acaba restando fuerza y credibilidad a un procedimiento que debería estar reservado a situaciones verdaderamente graves. Como consecuencia, se generan numerosos expedientes que terminan archivados, y se pierde capacidad de respuesta ante los casos reales.
Pero hay algo aún más grave: el daño colateral que puede sufrir el alumno o alumna injustamente señalado. Ser acusado de acoso escolar —aunque luego se demuestre su inocencia— puede tener consecuencias devastadoras: deterioro de su imagen pública, rupturas en sus relaciones sociales, ansiedad, e incluso una desconexión emocional con el centro. En un contexto donde las etiquetas pesan tanto, la falsa acusación puede convertirse en una forma de violencia silenciosa.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de algún alumno que haya sido señalado como presunto acosador y se determine finalmente que no exista acoso, sino un conflicto puntual entre iguales sin intención de dañar ni desequilibrio de poder. A pesar de que el expediente sea archivado, habrá alumnos que no vuelvan a ser los mismo. Su nombre quedará asociado al acoso, los profesores comenzarán a tratarlo con cautela, y sus compañeros lo observarán con recelo. La herida no será visible, pero será real. Y lo peor es que no había cometido ninguna falta. Casos como este nos deben mover a actuar con más rigor, más prudencia y más humanidad.
El Decreto que regula la convivencia en los centros educativos de Canarias, establece claramente que la intervención ante los conflictos debe estar guiada por los principios de prevención, diálogo, proporcionalidad y justicia. El artículo 9 del decreto pone especial énfasis en el carácter preventivo de las medidas, promoviendo una cultura de convivencia que vaya más allá de la reacción.
En este escenario, cobran especial relevancia las figuras del Coordinador/a de Bienestar y del Equipo de Gestión de la Convivencia, cuya labor consiste en acompañar, detectar señales tempranas, mediar y formar a toda la comunidad educativa en la resolución pacífica de los conflictos.
El protocolo de acoso escolar es una herramienta necesaria y poderosa, pero también frágil. Su fuerza radica en que se utilice con honestidad, responsabilidad y en coherencia con su propósito original: proteger a quien de verdad lo necesita.
Por eso, es fundamental que toda la comunidad educativa —docentes, equipos directivos, alumnado y familias— asuma el compromiso de actuar con verdad y ética. Solo así podremos garantizar que el protocolo no se convierta en una vía de escape, ni en un instrumento de confrontación, sino en un camino real hacia la justicia y la convivencia.
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