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| Por Esteban G. Santana Cabrera |
Cada 5 de octubre, desde 1994, la UNESCO celebra el Día Mundial de las y los Docentes. Una fecha para reconocer a quienes tenemos en nuestras manos una de las tareas más importantes de cualquier sociedad: educar. Pero este año la celebración tiene un significado especial. En 2026 se cumplen sesenta años de la Recomendación de la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación del personal docente, un documento que estableció derechos, responsabilidades y condiciones necesarias para ejercer la profesión con dignidad. Seis décadas después, quizá haya que volver a recordar que al docente hay que respetarlo y dejarlo trabajar.
Si me permiten, y desde mi condición de padre y docente, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones. No trato de convertir al profesorado en una figura intocable ni de impedir que las familias puedan preguntar, discrepar o exigir explicaciones. Todo lo contrario. Una educación de calidad necesita familias implicadas, interesadas y preocupadas por el aprendizaje y el bienestar de sus hijos. Los padres y madres tenemos derecho a conocer qué se enseña, cómo se enseña y por qué se toman determinadas decisiones. Y los docentes tenemos la obligación de explicar y justificar nuestro trabajo, la programación y las medidas que adoptamos, especialmente cuando un alumno presenta dificultades o necesita una respuesta educativa adaptada a sus necesidades y a su nivel competencial.
Pero una cosa es exigir explicaciones y otra muy diferente es pretender sustituir el criterio profesional del docente. Y esto lo he vivido yo a lo largo de mis años de docente y de cargo directivo. En más de una ocasión, algunas familias llegan a los centros educativos con la convicción de saber cómo debe educarse a sus hijos, qué metodología debe utilizarse, qué decisiones debe tomar el profesor e incluso cómo debe evaluarse. Opiniones que no siempre están respaldadas por conocimientos pedagógicos o profesionales. Y cuando esa discrepancia se convierte en imposición, descalificación, insulto o amenaza, estamos traspasando una línea que jamás debería cruzarse.
Porque el docente es un profesional que ha estudiado, se ha formado, ha preparado sus clases y ha dedicado buena parte de su vida a educar. Cuestionar una decisión profesional puede ser válido, y a veces necesario, pero cuestionar permanentemente la profesionalidad de quien la toma, no. Y eso es lo que está ocurriendo desafortunadamente.
Y mucho menos podemos aceptar que un maestro o una profesora tenga que acudir cada mañana a su centro con el temor de ser insultado, amenazado o agredido. La violencia, sea verbal o física, nunca puede formar parte de la relación entre las familias y los profesionales de la educación. Defender al alumnado también significa defender a quienes trabajan diariamente para educarlo.
Por eso resulta imprescindible recuperar la dignidad de la profesión docente. Y esa dignidad no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de los equipos directivos, de las administraciones educativas o de la labor que puedan desarrollar los sindicatos.
Hace tiempo que reivindico la creación de una figura del Defensor del Docente, independiente y con capacidad real para acompañar, asesorar y proteger al profesorado cuando sufre situaciones de acoso, amenazas, agresiones o cuestionamientos injustificados de su labor profesional. No basta con protocolos que muchas veces se quedan en el papel. El docente necesita saber que, cuando surge un conflicto, alguien estará ahí para defender sus derechos. Y no hablo de asesoramiento de apoyo a la escuela que para eso está la inspección educativa.
La UNESCO nos recuerda este 5 de octubre que proteger la profesión docente es una necesidad. Y quizá el primer paso sea recuperar algo que nunca debimos perder, la confianza en quien está al otro lado de la mesa del aula.
Las familias tienen derecho a exigir. Los docentes tienen derecho a explicar. Pero ambos tienen el deber de respetarse. Porque educar es una responsabilidad compartida. Y para que un maestro pueda enseñar, para que pueda corregir, orientar, exigir y también equivocarse, necesita que la sociedad vuelva a confiar en él, que se respete su autoridad profesional y, sencillamente, que se le deje trabajar.
