La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. A esto le debemos unir el que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española.
Es por ello que un Gobierno transparente debe facilitar la información, sus planes de actuación y debe fomentar la rendición de cuentas a la vez que promover el control de la sociedad.
Pero ¿por qué la transparencia? Indiscutiblemente mejora el conocimiento de lo que se hace, las actuaciones políticas y administrativas están abiertas a la sociedad, lo que lleva a que los cargos públicos sean más íntegros, con ello se eviten nuevos casos de corrupción y devuelva la confianza a los ciudadanos en sus gobernantes.
En esta infografía he detallado los elementos que intervienen en la transparencia, a mi entender, y son los siguientes:
-Por un lado la democracia en sí misma lleva a que la ciudadanía participe y esté informada de lo que se hace con su voto.
-La libertad en un estado democrático tiene que llevar aparejada una transparencia tal que no haga dudar a la ciudadanía de cómo están actuando sus dirigentes.
-En una sociedad de la información, es ilógico que lo que haga el gobierno y los empleados públicos no sea de libre acceso a cualquier ciudadano (salvo aquellos temas relacionados con la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente).
-Por último, y no por ello menos importante, es el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Por otro lado, los elementos necesarios para su desarrollo, en la infografía le he dado un porcentaje de mayor a menor importancia, según mi punto de vista:
-En primer lugar coloqué la mayor conciencia ciudadana con un 40%. Creo que este elemento es el punto básico y necesario para que se den los siguientes.
-Un papel esencial en la evolución de las TIC, herramientas web con información de la administración donde aparezcan los sueldos de los gobernantes, los altos cargos, contratos, subvenciones, etc. A este elemento le di el 30%.
-Los últimos acontecimientos políticos en Europa y América han derivado en un deseo cada vez mayor de la ciudadanía por conocer lo que hace su Gobierno.A este item le di un 20%.
-Finalmente está la corrupción política, que ha generado un movimiento social de lucha desde todos los ámbitos y sobre todo partiendo de la base, el pueblo llano. A este ítem le asigné un 10%.
Todo esto, y según podemos ver en la infografía, nos lleva a lo que realmente es la transparencia que no es otra cosa que la rendición de cuentas, que es la que argumenta la acciones de gobierno, conduce a asumir responsabilidades y a informar y responder a la gestión. Esto es un gesto de responsabilidad pública, el hacer llegar a la ciudadanía la gestión de la manera más clara y accesible.
Finalizo con este párrafo del preámbulo de la Ley de Transparencia que dice: " Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico".
